Los fiscales franceses convocaron a Elon Musk a París para una audiencia voluntaria el lunes 20 de abril de 2026, como parte de una investigación en curso sobre supuestas faltas por parte de X (anteriormente Twitter) y su liderazgo. La fiscalía de París abrió la investigación en enero de 2025, examinando numerosas quejas sobre fallos en la moderación de contenido, posible amplificación de discursos de odio y posibles violaciones de las leyes francesas de servicios digitales. Musk, quien adquirió la plataforma en 2022 por 44 mil millones de dólares, optó por no comparecer para el interrogatorio programado. La investigación representa la última escalada en las tensiones entre Musk y los reguladores europeos, que se han vuelto cada vez más frustrados con el enfoque de X hacia la moderación de contenido bajo su propiedad. Las leyes digitales de Francia, alineadas con la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, imponen estrictas obligaciones a las grandes plataformas para eliminar contenido ilegal, combatir la desinformación y proporcionar transparencia sobre los sistemas algorítmicos. La DSA, que se hizo plenamente aplicable en febrero de 2024, otorga a los reguladores amplios poderes para multar a las plataformas hasta un 6% de los ingresos globales por violaciones graves. La decisión de Musk de saltarse la audiencia conlleva un riesgo legal significativo. Aunque la citación era para una audition libre, una entrevista voluntaria bajo el procedimiento penal francés, su ausencia podría llevar a los fiscales a escalar a una citación más coercitiva o emitir una orden de arresto internacional a través de canales de Interpol. Francia ha adoptado una postura agresiva en la regulación tecnológica, y los fiscales pueden ver la falta de asistencia como un desprecio a la autoridad judicial francesa. El movimiento también pone en peligro las operaciones de X en Europa, ya que los reguladores podrían buscar restricciones de acceso a la plataforma o acciones de cumplimiento aceleradas. El momento es particularmente precario para Musk, que enfrenta múltiples batallas regulatorias en toda Europa. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos formales de DSA contra X, citando preocupaciones sobre las políticas de cuentas verificadas y la transparencia en la moderación de contenido. La Agencia Federal de Redes de Alemania ha amenazado con multas por quejas sobre discursos de odio, y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido impone responsabilidad penal a los ejecutivos por fallos sistémicos en la seguridad. Al ignorar a las autoridades francesas, Musk arriesga convertir lo que podría haber sido una investigación legal manejable en una represión coordinada a nivel europeo. El alcance de la investigación sigue siendo algo opaco, pero informes de los medios franceses sugieren que los fiscales están examinando si los algoritmos de recomendación de X amplifican sistemáticamente contenido violento, discursos de odio y desinformación en violación de la ley penal francesa. También están analizando si las declaraciones públicas de Musk y los cambios de política de la plataforma constituyen evidencia de negligencia intencionada al moderar contenido ilegal. Las leyes francesas sobre discursos de odio y incitación conllevan penas penales, y los ejecutivos pueden ser considerados responsables personalmente por fallos sistémicos de la plataforma que habiliten crímenes graves.